miércoles, 8 de mayo de 2013

UN EXPERIMENTO FALLIDO


La CICIG “queda a deber” en Guatemala

Por Roger Chang

El más reciente y duro revés que se llevó la flamante Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es, sin duda, que el viernes 3 de mayo de este año, los Magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la dejaron fuera del caso que se sigue en contra de Rubén Estuardo Rosales Sánchez, quien está sindicado del delito de conspiración para el lavado de dinero y lavado de activos.
Esto se debió a que la defensa del acusado solicitó dejar fuera a la CICIG, lo cual fue otorgado por la Sala Segunda de Apelaciones, a pesar de que previamente el Juzgado Noveno de Primero Instancia Penal había rechazado la solicitud del procesado.
A Rosales Sánchez se le acusa de ser testaferro de Wálter Obdulio Mendoza Motta, lugarteniente de la familia Mendoza, la cual, supuestamente está involucrada en casos de narcotráfico en Izabal.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el procesado no ha justificado la procedencia de algunos de sus bienes; entre ellos varias gasolineras, una emisora de radio y una finca llamada “La Virginia”, localizada en el departamento de Izabal, donde, según el MP, el tráfico con Honduras es “libre”.
Tras la investigación efectuada por el crimen del exasesor de Gobernación Víctor Rivera, se conoció que en esa finca había fosas clandestinas con cadáveres de personas asesinadas por una supuesta organización criminal, lo que motivó que Rosales Sánchez fuera ligado a juicio contra los supuestos asesinos de Rivera.
Con ello queda de manifiesto, una vez más, que la CICIG no tiene ni peso ni credibilidad en el desarrollo de procesos jurídicos en Guatemala, como era el propósito desde su fundación.

                                                                               SU PRIMER “HOME RUN”
Rosenberg, durante su famoso video.
El día 12 de enero de 2010, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) captó la atención mundial al hacer público su comisionado, el español Carlos Castresana, el resultado de la investigación del caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
En aquella ocasión, la Comisión se anotó un 10 al dar a conocer el resultado de la intrincada investigación de la muerte del abogado que tenía intrigado al pueblo de Guatemala y enfrentado entre los simpatizantes de éste y quienes apoyaban al gobernante de turno, Álvaro Colom.
Castresana ofreció una conferencia en la que explicó cómo descubrieron evidencias que prueban que Rodrigo Rosenberg preparó su muerte, detalle por detalle.                                                                                                       
Muchos opinaron que era un trabajo excelente y que la CICIG merecía y debía permanecer en funcionamiento en nuestro país indefinidamente, para combatir la impunidad, como es su objetivo.

ABORTAN PROYECTO INICIAL
Antes de iniciar sus funciones la CICIG, se intentó implementar en nuestro país, la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).
El 4 de abril de 2003, el Gobierno de Guatemala solicita la asistencia de las Naciones Unidas para el establecimiento y funcionamiento de una oficina que se encargue de investigar y desarticular los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad responsables de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos, los miembros del Poder Judicial, los testigos, los sindicalistas y otros activistas, y el procesamiento de los responsables de su creación y funcionamiento. Esta recibiría el nombre de Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).
Esta se encargaría de reforzar la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones derivadas de las convenciones de derechos humanos de que es parte, y sus compromisos contraídos con arreglo al Acuerdo global sobre derechos humanos del 29 de marzo de 1994, y concretamente su Compromiso IV, numeral 1, que estipula que “para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos”.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad dice “no” a la constitución de la CICIACS, alegando que ésta violaría la soberanía de Guatemala.

CÓMO NACE LA CICIG
Carlos Castresana.
Por ello, en sustitución de la CICIACS, se crea la CICIG con base en el Acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, el 12 de diciembre del 2006. Su primer comisionado fue Carlos Castresana, de nacionalidad española.
De conformidad con las leyes de Guatemala, la CICIG puede ejercer la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público, en el caso de delitos presuntamente cometidos por miembros de aquellas estructuras criminales que son el objeto del mandato de la Comisión.
Lo anterior permite que en estos casos la CICIG       
colabore con el Ministerio Público y coadyuve en la investigación de los hechos, así como solicitar la práctica y recepción de diligencias de investigación previstas en las leyes de Guatemala.
Sus costos son financiados por contribuciones voluntarias de diferentes países para lo cual se creó un fondo fiduciario que es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala (PNUD).

                                                                                    NO DA PIE CON BOLA
Estuardo Zapeta
De acuerdo con expertos y analistas políticos, la CICIG no ha cumplido con su objetivo, ya que, según sostienen, la Comisión no es más que un experimento fallido en Guatemala.
El periodista y columnista Estuardo Zapeta escribió el 3 de agosto de 2012 en su columna Era Libertaria, del matutino Siglo XXI, que “aparte de cuestionar la presencia misma de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), he cuestionado acciones que son opuestas no solo a la razón y la naturaleza de ese “experimento” — porque la CICIG es un experimento; fallido, por cierto — sino a la misma esencia que generó tal propuesta. 

De acuerdo con Zapeta, “esta Comisión, primero ‘agrupa’ a individuos en felices ocurrencias delictivas para ellos, y segundo, ya conformado en el imaginario de la Comisión dicho grupo ‘organizado’, le entran a acusaciones y fabricaciones infundadas, búsqueda de testigos presionados y extorsionados emocionalmente, hasta llegar a la persecución, según ellos, de la ‘impunidad’”. 
Quienes pensaron la CICIG —originalmente CICIACS— se preocuparon de que fuese superior al sistema legal guatemalteco y que supeditase al mismo sistema a los deseos arbitrarios de quienes dirigen ese experimento. 

Zapeta cita como ejemplo de las fallas de la CICIG, el caso del mexicano, Carlos Enrique Ramos Raths y/o Carlos Enrique Ramos Rats, contra quien existe una orden de aprehensión por el delito de ABUSOS DESHONESTOS VIOLENTOS, emanada del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente. 
Este mexicano estaba relacionado con la CICIG, a tal punto de que reportaba como suya la dirección de esa Comisión en 2009, y para la solicitud de “extradición” se explica primero que la dirección de la Comisión —en ese año era en la zona 14— no es una “embajada”, sino solo una “comisión” y, por lo tanto, procede la extradición que es la que solicita México invocando un tratado de extradición entre ambos países. 

Alejandro Balsells.
Por otro lado, el 5 de diciembre de 2012, Alejandro Balsells Conde, columnista de Prensa Libre, expresó en su columna “Con Nombre Propio”: “La CICIG es un experimento único en el mundo. Es una comisión internacional que viene al país con un mandato claro: desarticular la estructura criminal incrustada en instituciones estatales”.
“Al no tener antecedente, muchos países nos observan”.

Balsells agrega que “la CICIG vino a acusar. La Comisión vino a montar procesos para que los propios guatemaltecos aceptemos nuestra realidad y le hagamos frente. Suena duro, pero el sistema de justicia no camina, desde que el Estado de Guatemala solicita la presencia de una comisión internacional para echarlo a andar”.

Carmen Aída Ibarra
En el programa “A Primera Hora”, que se transmite por Emisoras Unidas, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, el abogado Estuardo Ralón y Ramón Cadena, representante de la Comisión Internacional de Juristas, conversaron acerca de la prórroga hasta 2015 del mandato de la CICIG.


Ibarra considera que la Organización de las Naciones Unidas accedió a la extensión del mandato porque
el “experimento de la CICIG” ha creado expectativa en otros países.

Además, señaló que “aunque hay colaboración ‘cajonera’, en el día a día no se ve lo que se buscaba de la CICIG, que es identificar y desmantelar las redes criminales.


La CICIG seguirá trabajando para “ayudar” a Guatemala a desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad hasta el 4 de septiembre de 2013. La extensión de su tercer mandato fue aprobada el 20 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 




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